Por Juan López
Actualmente, el Perú atraviesa por una muy preocupante crisis política que, directamente, afecta la gobernabilidad e institucionalidad democráticas; a lo cual se agrega la crisis sanitaria, económica y social como legado de la pandemia del coronavirus y también el impacto negativo en la región de la guerra Rusia–OTAN–Ucrania, lo cual tienen en jaque mate al aún joven gobierno del presidente Pedro Castillo.
En el escenario político peruano, simultáneamente, están hirviendo “en la caldera del diablo” dos controversiales situaciones políticas:
1.- La muy criticada sentencia del Tribunal Constitucional que dispuso la orden de excarcelar al expresidente Alberto Fujimori, y 2.- La aprobación en el Congreso de Perú para debatir, el próximo 28 de marzo, la vacancia (destitución) del presidente Pedro Castillo por “permanente incapacidad moral, infracciones constitucionales y la evident”.
El expresidente Fujimori (de 84 años, condenado por 25 años de cárcel) fue indultado en el 2017 por un “acuerdo político” del partido Fuerza Popular y el presidente Kuczynski. Como consecuencia de las protestas populares y la convulsión política que generó, dicho indulto fue, rápidamente, revocado por sentencia de la Corte Suprema. Por igual, ante este nuevo intento de liberarle, ya se iniciaron las protestas y el presidente Castillo impugnará dicha sentencia.
Justo a los 4 meses de la juramentación del presidente Castillo, 25 de noviembre del 2021, un sector de la oposición política fracasó en el primer intento de realizar un juicio político para destituir por “permanente incapacidad moral y corrupción al presidente Castillo” porque en esa ocasión solo votaron 52 legisladores por el juicio, y se necesitaban 58 para la apertura del debate.
En esta ocasión, el Congreso aprobó realizar el juicio con 76 votos porque ahora se unificaron en ese propósito los congresistas de siete diferentes partidos de la oposición. Para la destitución del presidente se necesitarán 87 votos de los 130 que forman la matrícula del congreso unicameral del Perú.
¿Podrá el presidente Castillo resultar victorioso de esta nueva encerrona política? Para responder esta pregunta es necesario revisar, serenamente, este prontuario político de presidentes peruanos:
Alejandro Toledo, 2001–2006, acusado de corrupción, huyendo y detenido en EE.UU.
Alan García, 2006–2011, acusado de corrupción. Se suicidó en su residencia cuando lo fueron a buscar preso.
Ollanta Humala 2011–2016, preso acusado de corrupción y también su esposa.
Pedro Pablo Kuscynsky, 2016–2018, duró dos años renunció y está preso acusado de corrupción.
Martín Vizcarra, 2018–2020, a los diez meses fue destituido por el Congreso, acusado de corrupción y está preso.
Manuel Merino, solo duró una semana, del 10 al 15 de noviembre del 2020. Tuvo que renunciar acosado por las protestas populares.
Francisco Sagasti, del 17-11-2020 al 28-7-2021, permaneció seis meses hasta entregar la presidencia a
Pedro Castillo, juramentado el 28-7-2021, sometido a debate para su destitución, el 28-3-2022.
Los augurios para las posibles respuestas deben tomar en cuenta estas situaciones: 1. En sus 8 meses, el gobierno del presidente Castillo ha sido muy inestable, ha cambiado cuatro veces su gabinete. 2. El presidente Castillo se desvinculó del partido Perú Libre que lo postuló. Es decir, actualmente no tiene una sólida plataforma política que le respalde; mientras la oposición se unifica y es mayoritaria en el Congreso.
También, 3. Las encuestas evidencian una baja aceptación popular y en picada puesto que solo cuenta con una aprobación popular cerca del 35 %. 4. Los efectos de las crisis sanitaria, económica y social que produjo la pandemia y los efectos de la guerra Rusia-OTAN-Ucrania, indican que tendrá dificultades para satisfacer las necesidades populares y la inflación que supera el 7 %.
Ante esa peligrosa panorámica que afecta la estabilidad política, económica e institucionalidad del Perú, procede que, con urgencia, la OEA y comunidad internacional se enfoque en la compleja crisis que se visualiza llegar al Perú; y en base a la Carta Democrática Interamericana, se acuda en auxilio del Perú, evitando que explosione la crisis y degenere en un lamentable retroceso y perjudique la paz social y gobernabilidad democrática que se merece el pueblo peruano. ¡Ojalá este llamado encuentre receptividad!
